El caballo español recibe otro latigazo judicial
Ancce deberá pagar 300 mil euros a la empresa tecnológica Melpi por eliminarla del mercado laboral en 2015. Hace unas semanas, La Cartuja ha sido condenada a indemnizar con 200 mil euros al exdirector veterinario por despido improcedente
Con el mensaje de la viñeta empezó todo. La caricatura que ocupó la portada de la revista de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles en su edición de primavera de 1997 reflejaba el sentimiento ganadero tras la negativa deliberada de la ministra de Agricultura, la difunta Loyola de Palacio, de traspasar las competencias del libro de la raza (registro público en el que se apunta -previo pago del propietario- lo más relevante de un nuevo individuo) de los cuarteles de Cría Caballar (Ministerio de Defensa) a las oficinas del colectivo ganadero. Diez años después, los militares soltaron el pescuezo de los ganaderos. Hizo falta un decreto institucional que firmó el equipo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero hubo traspaso. Desde 2007, Ancce decide sobre la raza y gestiona sus recursos, como hace la vaca frisona, mientras que los suboficiales controlan los porcentajes de consanguinidad de razas minoritarias como la jaca navarra. Y diez años después de la cesión, el libro -con su oscilante subvención anual que ha superado los tres millones de euros- vuelve a provocar enganchones.
El poder de la información
El titular del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha resuelto después de años de litigio el encontronazo entre Ancce y Melpi, la empresa tecnológica que comenzó a actualizar los archivos militares a mediados de los años noventa. La herramienta digital almacenaba codificados los algoritmos del censo mundial del caballo español: número de individuos, orígenes, propietarios, cambios de titularidad, resultados genéticos, deportivos, morfológicos… Valiosos datos zootécnicos que se alojaban en los archivos virtuales de una empresa ajena al mundo del caballo. Ancce implantó una nueva herramienta digital cuando abrió el libro de la raza en 2007, vaciando de poder a Melpi, que no ha vuelto a subir datos de un concurso de belleza.
El síndrome de Procusto se ha castigado en sede judicial en términos de «competencia desleal». La sentencia condena a Ancce a compensar con 53 mil euros por año a la empresa sevillana por ahogarla y vetarla arbitrariamente en los certámenes ganaderos nacionales e internacionales. Más de 300 mil euros que cerrarán el proceso de liquidación de Melpi, desaparecida de Google en 2015. «Nos eliminaron poco a poco. Llegaron a cambiar el reglamento de concursos en una junta de ganaderos para prohibir nuestra presencia y fuimos perdiendo clientes e ingresos con los que afrontar los gastos del mantenimiento de los servidores y el soporte tecnológico. Cortaron nuestra cabeza porque teníamos el poder, la información de la raza. Hace dos años empezamos el proceso de liquidación y el equipo humano se disolvió. Nos hemos reciclado en otros oficios», dice Ignacio Melgarejo, el empresario.
La asociación de ganaderos, por su parte, según publica la noticia de su página web, ya ha dado instrucciones a sus abogados para interponer ante la Audiencia Provincial de Sevilla el recurso de apelación contra los pronunciamientos del juez, considerados «injustos y lesivos» para sus intereses.
La resolución judicial es la segunda que hace referencia al caballo español en lo que va de año. El pasado mes de febrero, el juez de la sala de lo Social de Jerez concluyó que la empresa pública que gestiona la afamada Yeguada de La Cartuja despidió de forma improcedente al ex director técnico, Javier Mota Vargas, después de veinticinco años de labor profesional. Una decisión arbitraria que ha costado a Expasa cerca de doscientos mil euros.
